Brasil: Consejo Nacional de los Derechos Humanos quiere la suspensión de la mina de oro en Belo Monte

Diario: O Estado de Sâo Paulo

Secretaria de Medio Ambiente liberó la construcción del proyecto multimillonario la semana pasada

BRASILIA – El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió la suspensión del proyecto de minería “Volta Grande”, emprendimiento que prevé la extracción de toneladas de oro al lado de la represa de la hidroeléctrica de Belo Monte, en el municipio de Senador José Porfírio, en Pará. La recomendación fue enviada este jueves, 9, a la Secretaría de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Estado do Pará (SEMAS), que liberó la construcción del proyecto de minería la semana pasada.

El Consejo actúa como organismo de control de políticas públicas y participación social de la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que la semana pasada fue substituída por el Ministerio de los Derechos Humanos. La recomendación del CNDH ocurre después que la Fundación Nacional del Indio (Funai) informó que va a entrar con una acción judicial contra el empreendimiento, a cusa de irregularidades cometidas en el proceso de licencia ambiental del proyecto liderado por la empresa canadiense Belo Sun. La empresa y la Semas niegan estas irregularidades.

El documento firmado por el presidente del CNDH, Darci Frigo, se basa en los mismos puntos detallados por la Funai, al afirmar que el proceso no respetó los pareceres técnicos sobre el impacto indígena vinculado al proyecto, además de la información presentadas haber sido rechazadas por la misma Funai, por no atender pedidos básicos de información.

“Con la intención de dar continuidad al monitoreo de la recomendación, solicito información, en el plazo de diez días, sobre las acciones adoptadas para la implementación de la recomendación o sobre la imposibilidad de hacerlo”, declara Frigo, en el ofício enviado directamente al secretario de la Semas, Luiz Fernandes Rocha.

La semana pasada, la Semas liberó la licencia de instalación del proyecto multimillonario de la canadiense Belo Sun, autorizando la construcción de toda la estructura necesaria para dar início a la extracción del oro, a pesar de que la Funai haya informado que había diversas pendencias e irregularidades en el proceso. Al diario ‘Estado’, la Funai declaró que, con la expedición de la licencia de instalación, debe ir a los tribunales. “La Funai entiende que ni siquiera la licencia previa podria haber sido concedida sin la aprobación de los estudios del componente indígena, como fue expuesto anteriormente, ya que la viabilidad del emprendimiento no puede ser aprobada sin estos estudios.”

Con el uso de toneladas de explosivos en las orillas del Xingu y a sólo 12 kilómetros de la represa de la usina de Belo Monte, la empresa pretende retirar cerca de 4,6 mil kilos de oro por año del subsuelo del Xingu. El Ministerio Público Federal y la Defensoria Pública de la Unión (DPU), además de organizaciones socioambientales, han actuado para intentar rever la licencia del proyecto.

“Los estudios de impacto de la minería sobre las tierras indígenas no fueron hechos en base a datos actuales, no tienen en consideración la situación de Volta Grande del Xingu después del inicio de la operación de la Usina de Belo Monte”, dice Francisco de Assis Nóbrega, defensor público y secretario general de la articulación institucional de la DPU.

El gobierno paraense sólo tiene ojos para los números de Belo Sun. La empresa controlada por el grupo Forbes & Manhattan, un banco de capital privado de Canadá que invierte en proyectos de minería, informó que la inversión total en el proyecto será de R$ 1,22 mil millones [u$s 370 millones] y que “la producción en promedio del emprendimiento será de aproximadamente 150 mil onzas de oro por año, en como mínimo 12 años de vida útil, con la posibilidad de extender este plazo debido al potencial mineral de la región”.

Más que hablar en impacto al medio ambiente o a comunidades indígenas, la Semas trató de hablar de economia. En los cálculos de la secretaría ambiental, “el proyecto presenta la previsión de 2.100 empleos directos en la fase de implantación y 526 en la fase de operación”. La Secretaría destacó incluso que, en relación a la recaudación, “serán más de R$ 60 millones [unos u$s 18 millones] solamente en royalties de minería en 12 años, o sea, R$ 5 millones por año [u$s 1,5 millón]”, siendo que, de este total, 65% serán destinados al municipio. “En impuestos, el emprendimento va a generar cerca de R$ 130 millones [u$s 39 millones], a nivel federal, estadual y municipal, durante el período de instalación. Una vez que esté operando, serán R$ 55 millones [u$s 17 millones] por año, también para impuestos en las tres esferas.”

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