Brasil: La “Modernidad” llegó a Altamira, la ciudad más cercana a Belo Monte.


En donde dice CC le activan los subtítulos en español.
Sobre la usina de Belo Monte, Dilma Rousseff en la campaña presidencial 2014.

(Se seguirán sintiendo orgullosos los trabajadores de Belo Monte?)


Noticias UOL

Después de Belo Monte, Altamira (PA) supera la tasa de homicidios del país más violento del mundo

Carlos Madeiro

En los años 2000, en Altamira, ciudad tranquila en el centro de Pará, había paz en las orillas del rio Xingu. La rutina de calma, sin embargo, fue terminando al mismo tiempo en que era erguida la usina de Belo Monte.

Desde el anuncio de la obra, el municipio empezó a vivir una explosión de violencia que lo hizo ingresar en la lista de las diez ciudades con mayores tasas de homicidios del país.

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Según datos del Datasus, en 2015, el municipio registró 135 homicidios –lo que dá un promedio de 124 muertes por 100 mil habitantes. Como una comparación, la tasa es 37% mayor que la de Honduras, país con la mayor tasa de homicidios del mundo, según la ONU (Organización de las Naciones Unidas). En Brasil, ese promedio no llega a un cuarto de esto: 29 por 100 mil.

Para imaginar el cambio de vida, basta volver al año de 2000, cuando Altamira registró apenas ocho homicidios y un promedio de 9,1 muertes por 100 mil habitantes. En 2009 –cuando la Eletrobras ya solicitaba la licencia previa de Belo Monte–, la tasa ya era de 50,6 muertes por 100 mil personas. Seis años después, este promedio saltó 147%.

“Los resultados indicaron, a partir del inicio de la construcción de la usina, un vigoroso crecimiento de la violencia, que alcanza a la población en los cinco municipios directamente afectados por el proyecto en dimensiones proporcionalmente mucho mayores de lo que sucede en otras sub-regiones del Estado de Pará”, señalaa el artículo “La Hidroeléctrica de Belo Monte y Sus Efectos en la Seguridad Pública”, de los investigadores João Francisco Garcia Reis y Jaime Luiz Cunha de Souza Profesor, de la UFPA (Universidade Federal de Pará).

“Tales municipios tuvieron su estructura social, económica y ambiental profundamente alterada con la llegada de las empresas encargadas de la construcción y la migración de grandes contingentes de personas oriundas de todas partes de Brasil”, complementa.

Según especialistas oídos por UOL, los números de la violencia están conectados a la llegada de las obras y recursos al mayor municipio en territorio del país (159 mil km², el equivalente al Estado de Ceará, es mayor que la provincia de Salta: 155 488 km² ), sumado a la falta de inversiones públicas en el lugar.

“Altamira tenía problemas de seguridad, sí, pero no de la forma gigante como llegó”, afirma Antônia Melo, coordinadora del movimiento Xingu Vivo para Siempre, que congrega a varias entidades de la región.

Uno de los ejemplos de la violencia fue el asesinato, en octubre de 2016, del entonces secretario de Medo Ambiente y Turismo de la ciudad de Altamira, Luís Alberto Araújo, 54.

Él era conocido por su actuación rígida contra la explotación mineral y la deforestación. Después de la muerte, hubo protestas en la ciudad, que reclamó una investigación del caso -pero, hasta hoy el crimen no fue resuelto.

‘Allá no hay nada, es una desgracia’

Según Melo, la rutina de la ciudad hoy es de miedo. “Todos aqui dicen que perdieron la paz. Hoy es asalto en todos lados, muertes. Se transformó en un verdadero campo de guerra civil, no es sólo violencia física, sino de la ausencia de derechos de las personas”, afirma.

Para Melo, desde la llegada de Belo Monte, el desarrollo propagado por el gobierno trajo consigo las drogas. “La juventud es la principal víctima de esto. En Altamira, no hay más un espacio de esparcimiento para los jóvenes. Antes, estaban las orillas del rio, que no estaba contaminado, donde las personas se bañaban. Las personas fueron transferidas de sus orillas a los nuevos asentamientos, y allá no hay nada. Es una desgracia, no hay otra palabra”, explica.

El profesor de derechos humanos del curso de etnodesarrollo de la UFPA, Assis Oliveira, recuerda que, además de las muertes, el Informe de Vulnerabilidad Juvenil a la Violencia de 2015 señaló a Altamira como el tercer peor índice entre todos los municipios de Brasil con más de 100 mil habitantes.

“La violencia social, y no solamente la de homicidios, aumentó drasticamente a partir del año 2010, y esto se refleja en todos los otros índices que he investigado, el de la violencia sexual, de los conflictos familiares, de la violencia contra las mujeres y del tráfico de drogas”, afirma.

Oliveira explica que esta alta es una suma de dos ecuaciones: el gran aumento poblacional en un corto período de tiempo y la falta de una preparación del territorio y de las políticas públicas para atender a las nuevas demandas.

“Esto en el sector de seguridad pública es una cuestión emblemática, pués no entra como parte de las inversiones de los condicionantes socioambientales. Solamente en 2011, por lo tanto ya en el proceso agudo del aumento de la violencia, se hace un Término de Cooperación entre Norte Energia y el gobierno del Estado de Pará, para realizar la inversión en algunas medidas estratégicas de seguridad pública”, afirma.

Para el profesor, la violencia en la región también tiene causas más profundas, que vienen del aumento de la desigualdad socioeconômica causada por la obra.

“Esta desigualdad socioeconómica sólo tiende a crecer a lo largo de las etapas de la obra, pués es justamente ahora, en el período de la llamada desmovilización de los trabajadores y la vigencia de la Licencia de Operación de Belo Monte, que ocurre una reducción demográfica y un fuerte agujero en la economia local, con mayor desempleo, trabajo informal y precarización de las condiciones de vida”, concluye.

Otro lado

Norte Energia informó que el Proyecto Básico Ambiental de Belo Monte no previa inversiones para la seguridad pública en el área de influencia de la usina. Aún así, la empresa dice que firmó un convenio con el gobierno de Pará e invirtió R$ 110 millones [unos u$s 34 millones] en los cinco municipios del área de influencia directa.

En el caso de Altamira, Norte Energia afirma que los recursos sirvieron para la compra de un helicóptero, la implantación de un sistema de videomonitoreamiento y la reforma de las sedes de las policías Civil y Militar y del edificio del Instituto Médico Legal [la morgue].

En nota, enviada después de la publicación del reportaje, la Secretaria de Estado de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará refutó “con vehemencia las metodologias de las investigaciones que utilizan como fuente de datos el Sistema de Información sobre Mortalidad (SIM), creado por Datasus”. Según la cartera, fueron 63 homicidios en la ciudad en 2015.

Para llegar al número de 135, en 2015, UOL usó el dato de muertes por agresiones intencionales cometidas por terceros. Los datos de Datasus son actualizados por las causas de muerte contenidas en los certficados de defunción. Por eso, el dato es internacionalmente usado como parámetro.

“El ranking creado por la metodologia merece una discusión, para que sean respetadas las diferentes formas de captación de datos de los Estados brasileños, como el ejemplo de Pará, que recolecta la información referente a la criminalidad a partir de las denuncias. La necesidad de una discusión es tan necesaria que, en octubre de 2015, el gobierno bahiano cuestionó, oficialmente, al Ministerio de Justicia por causa del uso de la metodologia SIM, empleada por el Senasp en el trabajo Diagnóstico de los Homicídios de Brasil de aquel año”, dice el comunicado.

La secretaria dice incluso que las acciones de prevención y combate a la criminalidad en la región, en el segundo semestre de 2016, reducieron los índices de homicidios, latrocínios [robos seguidos de muerte] y robos a residencias. “Fueron secuestradas casi 150 armas de fuego, efectuadas 28 prisiones y cumplidos 39 órdenes de prisión. En 2016, la Policía Civil apresó a todos los involucrados en el asesinato de un matriminio y un hijo de la familia Buchinger, crimen de gran repercusión en la ciudad de Altamira.”

Norte Energia proporcionó también otras explicaciones el martes (7/3), después de la publicación de la nota. Según la empresa, “Altamira siempre fue una ciudad con altos índices de violencia, mucho antes de la implantación de Belo Monte” y “la nota ignora datos oficiales de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Pará y suprime el análisis de la situación en la ciudad dentro de un contexto negativo que es el de todo Brasil, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
Citando datos de la Secretaria de Seguridad, Norte Energia dice que “son significativamente inferiores a los divulgados en el texto” y que “hay diferencias considerables en las informaciones”.
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