Brasil: Puerto Açu: acumulación por desposesión a la brasileña del Partido de los Trabajadores (Lula-Dilma)


Paseo por el Puerto do Açú, el tercer mayor puerto del mundo


Fuente: Uninomade

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Sergio Cabral, ex-gobernador de Río de Janeiro, Eike Batista, empresario que administra el Puerto, ambos hoy presos y Dilma Rousseff ex-presidente de Brasil

Por Marcos Antonio Pedlowski y Fábio Py

El complejo industrial portuario de Açu como marco de la acumulación por desposesión

El Complejo Industrial-Portuario de Açu (CIPA) fue uno de los muchos proyectos que surgieron en respuesta a las políticas desarrolladas por el gobierno federal de la presidencia de Luis Inácio Lula da Silva y que terminaro siendo conocidas por la etiqueta de neodesarrollismo. Como en otros proyectos desarrollados bajo el eje del neodesarrollismo para ampliar la infraestructura brasileña de transportes y de logística, el CIPA fue pensado a partir del arreglo productivo local. No sólo saldrían “commodities” minerales exportadas en forma bruta, sino que también en su retroárea serían establecidas diversas unidades industriales, insertadas en el emprendimiento con el objetivo de agregar valor en la forma de productos industrializados enfocados a las demandas de los mercados globales. La principal promesa en su nacimiento fue la de que su implantación representaria una especie de redención económica, no sólo para el municipio de São João da Barra donde el emprendimiento seria instalado, sino para toda la región Norte Fluminense. Tal redención vendria en la forma de aumentos significativos en el nivel de oferta de empleos y recaudación de impuestos.

En contrapartida, fueron adoptados procedimientos para que el emprendimiento se tornara realidad:

  1. la remoción de cientos de familias de agricultores familiares y pescadores artesanales en el Quinto Distrito del municipio de São João da Barra;
  2. la adopción de una forma fragmentada de licenciamiento ambiental, de modo que diferentes proyectos fuesen evaluados de forma individual para alcanzar una mayor celeridad en la emisión de las licencias previstas por la legislación;
  3. el CIPA no seria viable sin la participación de los diferentes niveles de gobierno (desde el federal al municipal) en su implantación, pués el Grupo EBX no tendria la capacidad de resolver solo los diferentes aspectos requeridos en el megaemprendimiento.

Las corporaciones privadas y sus asociados en el Estado descuidaron el dato que, actualmente, los espacios libres da afectación a poblaciones humanas son practicamente inexistentes, lo que invariablemente lleva a conflictos por los territórios. Así, ocurrió una acción por parte del Estado y de las corporaciones en el sentido de vaciar espacios o disciplinar el uso y los ocupantes. El objetivo fue viabilizar la implantación de nuevas configuraciones territoriales, que en el final quedaron bajo el control de las corporaciones privadas. Estas configuraciones resultaron en verdaderos enclaves geográficos. Sobre el proceso de desposeción de los pobres y la toma de las tierras por las grandes corporaciones privadas, el geógrafo David Harvey formuló el concepto de “acumulación por desposesión” (Harvey, 2004). Harvey afirma que el proceso de acumulación capitalista deriva de los intentos de “acumulación por desposesión”, lo que provoca procesos de resistencia de las poblaciones originales.

Otro desdoblamiento de la “acumulación por desposesión” es el papel ocupado por las corporaciones financieras, sea como meras inyectoras de capital o incluso como participantes de los procesos de apropiación, control y gestión de territórios en que son instalados emprendimientos enfocados en la circulación global de commodities agrícolas y minerales. El CIPA se encaja perfectamente en esta línea, en la medida en que la “quiebra” del Grupo EBX en 2013 posibilitó la adquisición del complejo por EIG Global Partners. Se trata de un fondo de private equity1 con sede en Washington DC, que desde entonces se transformó en el nuevo controlador del principal activo, a través de Prumo Logística Global. A partir de la entrada en escena de EIG Global Partners, se dió un cambio no sólo en el control accionario del CIPA, sino también de su naturaleza, pués pasó a ser un clave geográfico bajo el control de un fondo de inversiones multinacional.

Dicho esto, pasamos a un breve análisis de los principales elementos asociados al proceso de implantación del CIPA en el Quinto Distrito y sus impactos, demostrando que el caso del CIPA no es un caso particular, sino que forma parte de una forma de “acumulación por desposesión” a la brasileña de los tiempos del petismo.

El CIPA y sus constantes alteraciones

Lo primero a observar sobre el CIPA, es el hecho que vienen sucedindo alteraciones frecuentes en el diseño del complejo portuario-industrial, que tiene una fundamental función logística para la salida de las reservas de petróleo y gas a ser extraídas en la camada Pre-Sal. Segundo, de acuerdo al informe producido por la Asociación de Geógrafos Brasileños (2011), se percibe que originalmente estaba prevista la construcción de un terminal portuario privativo de uso mixto, con capacidad para recibir buques de gran tamaño y una estructura offshore para productos tales como mineral de hierro, graneles sólidos y líquidos, cargas en general y productos siderúrgicos, además de dos termoeléctricas. Además de esto, contaria en su retroárea [NE. espacio operativo del puerto, con áreas de almacenamiento y procesamiento aduanero] con un distrito industrial (el Distrito Industrial de São João da Barra – DISJB), que deberia albergar a usinas de producción; industrias cementeras; un polo metal mecánico; unidades petroquímicas; dos siderúrgicas, montadora de automóviles; patios de almacenaje, inclusive para gas natural, y un cluster para procesamiento de rocas ornamentales. Además de la construcción del maior mineroducto del mundo, con más de 500 km.

A lo largo de los años de 2011 y 2012, el anuncio de la llegada de grandes empresas al CIPA fue siempre sucedida por su desmentida, ocasionando un escenario de descrédito que, asociado a otros errores de gerenciamiento por parte de Eike Batista [el dueño de la empresa EBX, hoy procesado y en prisión domiciliar], resultó en una grave crisis del Grupo EBX, ya en 2013. El colapso del Grupo EBX llevó a la adquisición del control accionario de su brazo logístico, LLX, por el fondo de private equity EIG Global Partners, con sede en los EUA [1]. Esto causó una nueva inflexión en el diseño del CIPA, ya que la opción adoptada fue reorientar el emprendimiento para servir al área de petróleo y gas. Así, aunque Prumo Logística Global, empresa constituída para asumir el control de los intereses de EIG Global Partners en Brasil y, más especificamente, en el CIPA, continúe siñalando en sus comunicados al mercado que se mantiene comprometida con la propuesta formateada por Eike Batista, los desdoblamientos señalan lo contrario, pués el mineroducto fuera ‘concluído’ operando sólo con el 30% de su capacidad – colocando en jaque su operatividad.

Otros problemas de naturaleza diversa parecen estar contribuyendo para disminuir el atractivo de las empresas para instalar los tipos de plantas industriales previstas, tales como el contínuo conflicto con los propietarios que tuvieron sus tierras expropiadas por el gobierno de Rio de Janeiro, y los problemas ambientales, tales como la salinización del mar y la erosión costera, consecuencias de la implantación y del início del funcionamiento del CIPA.

CIPA y las modificaciones en la estructura legal

Uno de los problemas para la implantación del megaemprendimiento se dió porque la franja de tierra del municipio de São João da Barra elegida estaba ocupada por cientos de familias de agricultores familiares y pescadores artesanales, de varias generaciones. Además de esto, desde el punto de vista de la zonificación municipal del uso del suelo, el área era considerada como rural, lo que creaba problemas legales.

En consecuencia, los gobernantes operaron cmbios drásticos en el ordenamiento legal para viabilizar al CIPA. En el plano municipal, fue realizada una modificación en el Plano Director de São João da Barra, con la aprobación de la Ley Municipal N° 115 de 2008, que propuso un cambio de la zonificación del uso del suelo. Parte de las tierras del Quinto Distrito pasaron de la condición de rural para industrial. La ley es posterior a la promulgación por el gobierno de Rio de Janeiro del Decreto Estadual nº 41.585/2008, creando el DISJB, cuya área estaria integralmente insertada en Zona de Expansión Industrial. El Decreto posteriormente se transformó en Ley Municipal N° 115 de 2008. El entrelazado de procedimientos legales de gobierno queda aún más claro si consideramos que, el 5 de Diciembre de 2008, fue promulgado el Decreto Estadual 41.584 previendo la expropiación de tierras para la creación del DISJB que, sólo tendria uso el día 31 de Diciembre con la aprobación de la Ley Municipal N° 115 de 2008. El embrollo jurídico que cercó la expropiación de las tierras que supuestamente formarían el DISJB se completó con la promulgación de los Decretos Estaduais 41915/2009, 42.675/2010 42.676/2010.

Con los ajustes en la legislación, en 2011 fueron iniciados cientos de procesos judiciales buscando expropiar un total de 7.500 hectáreas. Los procesos fueron expedidos por el Fórum de São João da Barra [Tribunal], que en la operación recibió el refuerzo de funcionarios de outros tribunales. El resultado fue la emisión de licitaciones provisorias de posesión con lo que se inició el desalojo de los agricultores y sus familias de las viviendas expropiadas. Las familias que no estaban de acuerdo con las expropiaciones fueron duramente reprimidas por parte del Estado y del Grupo EBX, con el uso de oficiales de justicia, reparticiones policiales y seguridad privada, siempre contra la población. Con todo, la reacción de los agricultores ocurrió de forma relativamente rápida, principalmente a partir de la constitución de la Asociación de los Propietarios Rurales y de Inmuebles del Municipio de São João da Barra (ASPRIM), que apoyó a los agricultores. Una de las tácticas utilizadas por la ASPRIM fue la combinación de acciones directas, como el cierre de rutas y el bloqueo del acceso a propiedades blanco de las expropiaciones, con articulaciones con sindicatos y universidades, llevando a una rápida ampliación del nivel de organización política de las familias afectadas.

Las disputas se intensificaron ya que los valores estimados e incluídos en los procesos de expropiación por la Compañía de Desarrollo Industrial de Rio de Janeiro (Codin) eran irrisorios. Los conflictos se agravaron todavía más cuando LLX inició un proceso paralelo de adquisición de tierras en las áreas expropiadas, ofreciendo precios superiores de los sugeridos por la Codin. Se encontraron casos en que el precio pagado por el m2 de tierra por LLX llegó a R$8,30, cuatro veces más que el precio sugerido por la Codin, que giraba alrededor de R$ 2,00. Aún así, la indisposición por parte de los agricultores de aceptar los bajísimos valores por sus tierras creció todavía más, con la revelación de que los decretos de expropiación eran parte de acuerdos entre el ex-gobernador Sérgio Cabral y el empresario Eike Batista [el primero preso y con sentencia por varois años por sobornos, el segundo en prisión domiciliar por sobornos varios]. Cuando el acuerdo secreto se hizo público en la ocasión de la prisión de ambos, se exacerbó entre los agricultores la percepción de que tuvieron sus tierras robadas. Esto configuró un escenario de difícil solución, pués Prumo Logística Global detiene el usufructo de las tierras expropiadas en virtud de la adquisición de LLX, sin que ni siquiera haya la perspectiva de la conclusión de los procesos de expropiación. De esta forma, se intensifican las tensiones entre la empresa, el gobierno de Rio de Janeiro y las familias que tuvieron sus tierras expropiadas.

CIPA y la fragmentación del proceso de licenciamiento ambiental

Una de las peculiaridades en la implantación del CIPA fue su proceso de licenciamiento ambiental.Se desplazó al organismo responsable en el medio del proceso, del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales (IBAMA), un organismo federal, para la esfera estadual, a través del Instituto Estadual del Ambiente (INEA). Además de permitirse un fraccionamento del proceso, ramificandose trámites distintos con el fin de evaluarse la viabilidad de cada parte del proyecto. Consecuentemente, el Grupo EBX presentó nada menos que once estudios de impactos ambientales (EIA/RIMA) con el objetivo de la obtención de la Licencia Previa (LP) para el CIPA [2].

Tal fragmentación implicó en una aceptación tácita por parte del INEA de que no serian considerados los impactos acumulativos y sinergéticos oriundos de los diferentes proyectos, tampoco la distribución de las cargas y los beneficios. Al ser analizados particionadamente, en audiencias públicas distintas y con bajo nivel de participación popular, no hubo ni siquiera la condición de profundizar el análisis de los datos. De esta forma, se evaluaron cuatro de los once informes de impacto ambiental sometidos al INEA para la obtención de licencias para la instalación dentro de CIPA, verificandose que ninguno de ellos alcanzara niveles mínimos de calificación técnica, si tuviéramos en cuenta los parámetros internacionales. Además de esto, también se percibió que en ninguno de los documentos había una estipulación objetiva de quién seria responsable por la mitigación de eventuales daños ambientales y económicos causados por las obras de implantación de los proyectos. En vez de esto, los documentos sólo tenían estipulaciones en la forma de planes de monitoreo para los daños ambientales, como aquellos derivados del proceso de salinización de aguas y suelos o de la erosión costera. Dos de los impactos previstos que causaron perjuicios a los habitantes, pues provocaron pérdidas agrícolas, aunque el hecho haya sido negado por los proprietarios del CIPA, que se eximieron de sus responsabilidades.

La ausencia de responsabilización se hizo más evidente cuando se verifica que ni incluso la multa de R$ 1,3 millón aplicada por el INEA a OSX, debido a la intrusión de agua del mar en el interior de propiedades agrícolas localizadas en la retroárea del Puerto do Açu, llegó a ser pagada. Mientras tanto, los agricultores que tuvieron sus tierras salinizadas continúan acumulando pérdidas financieras sin que nadie se responsabilice.

Conclusión

En su nacimiento, el CIPA fue presentado con un vector para el proceso de dinamización del desempeño económico no sólo del municipio de São João da Barra, sino en toda la subregión del Norte Fluminense. La promesa fue de elevación del nivel de empleos y de la mayor recaudación de tributos, además del aumento de la atracción de capitales que serian aplicados en la región. Sin embargo, casi una década después de su implantación, el CIPA no cumplió las expectativas que Eike Batista propagó con tanta pompa y circunstancia con el fin de atraer inversiones y cerrar apoyos políticos y financieros, principalmente a través de las diferentes esferas de gobierno que fueron sus socias.

Por lo tanto, el CIPA parece ser un caso emblemático en lo que se refiere a las políticas que fueron generadas para intentar superar los cuellos de botella historicamente existentes en el área de infraestructura y de logística por los gobiernos del presidente Lula, en el período de 2003 a 2010, frecuentemente clasificado como “neodesarrollismo”. La situación del puerto Açu se configura en un estudo de caso del modelo de “acumulación por desposesión”, en la medida en que los costos ambientales y sociales están recayendo de forma contínua sobre los habitantes de la región del entorno del emprendimiento, mientra que los beneficios siguen siendo acumulados integralmente por sus controladores. El neodesarrollismo petista fue un “proyecto complejo que tuvo un entrelazado de una decena de agentes publico y privados” (SINGER, 2013, p.92), y que el caso del CIPA sirve de punto de partida para análisis de los impactos traidos por el fraccionamento del proceso de licenciamiento ambiental, así como del uso de estrategias de desposesión y expropiación de determinadas poblaciones ocurridas también en el Complejo Portuario del SUAPE (PE) y Complejo Portuario del Pecém (CE). Otro punto es que los beneficios de su construcción quedaron con los emprendedores privados y las cargas impuestas con la mano firme del estado sobre los grupos que historicamente utilizaban a aquel territorio para garantizar su supervivencia económica y reproducción social.

Por fin, es importante enfatizar como el control del CIPA por un fondo financiero multinacional constituyó un elemento bastante expresivo en el proceso de globalización dependiente de la economia brasileña, desdoblamiento este aún más aterrador cuando se tiene en consideración que tanto las reservas de mineral de hierro en Minas Gerais están bajo el control de la multinacional Anglo American, cuanto que porciones significativas de las reservas de óleo y petróleo están siendo pasadas al control de petroleras internacionales por el gobierno federal.

Marcos Antonio Pedlowski es profesor asociado de la Universidade Estadual del Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF) del Programa de Pos-Graduación en Políticas Sociales (PPGS).

Fábio Py es pos-doctorando en el Programa de Pos-Graduación en Políticas Sociales de la Universidade Estadual Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF).

Notas

[1] Fondos de private equity son así denominados por ser estructurados en forma de “condominios cerrados”. Esto significa que los inversores compran las cotas al comienzo del fondo y no hay posibilidades de rescates en el medio, y sus cotistas sólo reciben su dinero de vuelta cuando el fondo entra en la fase -de desinversión.

Tipicamente, esto sucede entre cinco y diez años después de la creación del fondo. Además, muchas veces los fondos de private equity invierten en acciones de empresas de capital cerrado, no negociadas en las bolsas de valores existentes en diferentes partes del mundo.
[2] Con base en informaciones proporcionadas por el profesor Roberto Pessanha Moraes en su blog personal, estos 11 procesos estaban conectados respectivamente a los siguientes proyectos:

  1. Porto do Açu;
  2. Patio Logístico y de Operaciones Portuarias del Porto do Açu;
  3. Complementario del Patio Logístico y Operaciones Portuarias del Porto do Açu;
  4. UTE (Usina Termoeléctrica) I;
  5. UTE- II;
  6. Línea de Transmisión del Açu;
  7. Complemento de Líneas de Transmisión del Açu;
  8. UCN (Unidad de Construcción Naval – Astillero) del Açu – OSX;
  9. Siderúrgica Ternium;
  10. Distrito Industrial de São João da Barra (DISJB);
  11. Terminal Sur del Porto do Açu.

Referencias

ALVARENGA, F. M. Los desheredados del desarrollo: el caso de la implantación del Complejo Portuario y Industrial del Açu y sus impactos socio-territoriales. 2013. 109 f. Disertación (Maestrado en Políticas Sociales) – Centro de Ciencias del Hombre, Universidad Estadual del Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes. 2013.

BOITO JR, A.; BERRINGER, T. Brasil: clases sociales, neodesarrollismo y política externa en los gobiernos Lula y Dilma. Revista de Sociologia Política, Curitiba, v.21, n.47, p.31-38, 2013.

HARVEY, D. The ‘new’ imperialism: accumulation by dispossession. Socialist Register, Powys, v. 40, n.2, p.63-87, 2004.

LATINI, J.R. La evaluación del impacto ambiental (AIA) como instrumento participativo y preventivo en el contexto del neodesarrollismo: el caso del Complejo Logístico Industrial del Porto do Açu (CLIPA). 2016. 141 f. Disertación (Maestrado en Ecologia y Recursos Naturales) – Centro de Biociencias y Biotecnologia, Universidad Estadual del Norte Fluminense, Campos dos Goytacazes. 2016.

SINGER, A. “Raíces sociales e ideológicas del Lulismo”. Novos Estudos, São Paulo, 2009, p.83-104.

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