Mezclar a Lula con Marielle Franco

Marielle Franco era una concejala de la ciudad de Río de Janeiro que fue asesinada por las milicias los grupos parapoliciales que dominan algunas favelas de la ciudad y que son peores que los narcos.
Algo más sobre Marielle Franco

En algunos lugares con fuerte presencia del Partido de los Trabajadores de Lula/Dilma venden camisetas como la que está a continuación:


CAM01760

Camiseta que vendían en un evento, en ella se coloca Lula Libre y se la menciona a Marielle Franco, arriba a la derecha dice “Marielle Vive”, a la derecha se lee: Lula Libre para cambiar a Brasil


Según la agencia de chequeado de datos brasileña Lupa:

Marielle usaba su mandato para luchar por causas relacionadas a los derechos humanos y denunciar la violencia policial en la ciudad de Rio de Janeiro. Ella tenía 38 años y fue muerta con por lo menos cuatro tiros. Anderson Pedro Gomes, de 39 años, conductor del auto donde estaba la concejala, murió también. En una nota, la Policía Civil informó que trabaja para dar unarespuesta inmediata al crimen.

65,3%

Este es el porcentaje de negras entre las mujeres muertas en Brasil en 2015, según el Atlas de la Violencia, del Ipea – un total de cerca de 3 mil mujeres negras. Diez anos antes, en 2005, ellas eran 54,8% de las víctimas del sexo femenino en el país.

22%

Es el aumento de la tasa de mortalidad de mujeres negras entre 2005 e 2015, de acuerdo con el Atlas de la Violencia. En contrapartida, la tasa de homicidios de mujeres blancas cayó 7,4% en el mismo período.

Asesinatos de mujeres negras en Brasil (2005 a 2015)

Evolución de la tasa por 100 mil habitantes:

evoluciontasa

Fuente: Atlas de la Violencia del Ipea 2017

2

Dos veces más. Mujeres negras jóvenes (15 a 29 años) tienen el doble de chance de ser muertas, comparado con las mujeres blancas en todo Brasil, de acuerdo con el Índice de Vulnerabilidad Juvenil a la Violencia 2017. El estudio fue elaborado por la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) con números de 2015.

Revista Piauí


Los datos de la Agencia Lupa son de los años en que el Partido de los Trabajadores de Lula/Dilma estuvo en el poder: 2003-2015, ellos tuvieron responsabilidad directa con el aumento de las muertes de mujeres negras, ¿para qué entonces mezclar a Marielle Franco con Lula?

Y si a esto le agregamos la política antidrogas aprobada durante el gobierno de Lula que llevó al encarcelamiento en masa de jóvenes negros y pobres de los suburbios, la cosa se hace más ridícula…Intentamos no mezclar todo que la confusión ya es demasiado grande!



Y sobre los años del Partido de los Trabajadores de Lula/Dilma en el poder:

“El encarcerlamiento en masa es un fenómeno observado mundialmente y ha levantado reflexoiomes acerca de la necesidade de repensar el aprisionamiento como principal respuesta del Estado a los conflictos sociales. Brasil es uno de los mayores representantes de este proceso, figurando como el tercer país con mayor población prisional del mundo. Entre las razones que explican a  este fenómeno, pueden ser citadas la prisión basada esencialmente in fragranti, que refuerza el carácter racista de la incidencia de la justicia criminal, el uso excesivo de la prisión provisoria y el bajo acceso a la defensa técnica de calidad. Nuestro país  [Brasil] sobreapasa la cifra de 700 mil personas presas, siendo que entre 2000 y 2016 tuvimos un aumento de 157% de la población presa en general y de 700 por ciento de la población femenina presa.”

Jornal GGN


Desde enero de 2003 y hasta abril de 2016 fueron gobiernos del Partido de los Trabajadores, Lula primero y Dilma después, 700 % de más población femenina presa!, muchas de esas mujeres están presas por tráfico, por pequeñas cantidades…. Muchas de esas mujeres durante los gobiernos del PT, por favor, no mezclemos a Marielle Franco con Lula!

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Junio de 2013, para entender lo que está pasando ahora en Brasil y no en la Argentina

“BUENOS AIRES — Sacudida por turbulencias económicas, la Argentina mira de lejos y con recelo a Lava Jato. Y no importa que desde hace meses los investigadores brasileños y Marcelo Odebrecht hayan dado información que puede llevar a prisión a exfuncionarios y empresarios argentinos; esas evidencias se han quedado en Brasil. La explicación oficial es que las leyes de ambos países son incompatibles y que eso bloquea el intercambio de datos. Pero la verdad es otra: en la Argentina se combina una falta de voluntad política, miedo ante una posible crisis económica, cabildeo empresarial y apatía ciudadana. El resultado es pura impunidad.

El capítulo argentino de Lava Jato aún no comienza. Desde el gobierno de Mauricio Macri dicen que sí quieren perseguir judicialmente las pesquisas de corrupción y enlistan sus intentos por lograrlo: la salida de jueces y camaristas sospechosos de colaborar con la corrupción y la impunidad, y la organización de un viaje del juez brasileño Sergio Moro a Buenos Aires, donde alentó a los jueces locales a perseguir casos.

“Para que exista corrupción” —dijo Moro en una de las conferencias, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano— “además del funcionario que recibe o desvía dinero para su provecho, tiene que existir la complicidad activa de actores privados que corrompen o ceden a la presión del sistema imperante y la tolerancia o indiferencia del resto de la sociedad que mira para otro lado”.

A casi un año de la anunciada liberación de las confesiones y evidencias de Odebrecht relacionadas con Argentina, la realidad se acerca al duro panorama que describió Moro: pocos quieren combatir la corrupción.

Desde la Casa Rosada primero afirmaron que la información no llegaba a Buenos Aires porque la boicoteaba la entonces jefa de los fiscales argentinos, Alejandra Gils Carbó, a quien asociaban al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Gils Carbó renunció hace casi cinco meses y el material sigue en Brasil.

Luego plantearon que las leyes de ambos países son incompatibles. Pero si fuera cierto, el oficialismo tampoco impulsó una reforma legislativa ni encaró una negociación diplomática que destrabara el envío del material o dotara a jueces y fiscales de herramientas similares a las de sus colegas brasileños.

La oposición peronista tampoco quiere acceder a las evidencias. En la antesala de las elecciones presidenciales de 2019, a la oposición le resultaría muy efectivo que los documentos desde Brasil implicaran a miembros cercanos al gobierno de Macri. Se sabe, por ejemplo, que el constructor Ángelo Calcaterra, primo del presidente, fue señalado por Odebrecht. Pero la oposición también sabe que son muchos más los exfuncionarios kirchneristas comprometidos, entre ellos los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime, y de Obras Públicas, José López –quien ganó celebridad cuando trató de esconder casi nueve millones de dólares en un convento— y Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Por su parte, los empresarios locales se espantan ante la mera idea de replicar en la Argentina la investigación que llevó a la cárcel a Marcelo Odebrecht y a otros referentes de los negocios en América Latina. ¿Qué interés tendrían los empresarios para abrir esa caja de Pandora que es Lava Jato? Por eso fueron los principales cabilderos que pidieron el cambio de la figura legal del “arrepentido” y el proyecto de responsabilidad penal empresarial. Las condiciones para ser “arrepentido” en la Argentina son muy distintas a las del “delator premiado” de Brasil y se incluyeron tantas vías de escape en la ley penal empresaria que será un desafío llegar a una condena.BUENOS AIRES — Sacudida por turbulencias económicas, la Argentina mira de lejos y con recelo a Lava Jato. Y no importa que desde hace meses los investigadores brasileños y Marcelo Odebrecht hayan dado información que puede llevar a prisión a exfuncionarios y empresarios argentinos; esas evidencias se han quedado en Brasil. La explicación oficial es que las leyes de ambos países son incompatibles y que eso bloquea el intercambio de datos. Pero la verdad es otra: en la Argentina se combina una falta de voluntad política, miedo ante una posible crisis económica, cabildeo empresarial y apatía ciudadana. El resultado es pura impunidad.

El capítulo argentino de Lava Jato aún no comienza. Desde el gobierno de Mauricio Macri dicen que sí quieren perseguir judicialmente las pesquisas de corrupción y enlistan sus intentos por lograrlo: la salida de jueces y camaristas sospechosos de colaborar con la corrupción y la impunidad, y la organización de un viaje del juez brasileño Sergio Moro a Buenos Aires, donde alentó a los jueces locales a perseguir casos.

“Para que exista corrupción” —dijo Moro en una de las conferencias, junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano— “además del funcionario que recibe o desvía dinero para su provecho, tiene que existir la complicidad activa de actores privados que corrompen o ceden a la presión del sistema imperante y la tolerancia o indiferencia del resto de la sociedad que mira para otro lado”.

A casi un año de la anunciada liberación de las confesiones y evidencias de Odebrecht relacionadas con Argentina, la realidad se acerca al duro panorama que describió Moro: pocos quieren combatir la corrupción.

Desde la Casa Rosada primero afirmaron que la información no llegaba a Buenos Aires porque la boicoteaba la entonces jefa de los fiscales argentinos, Alejandra Gils Carbó, a quien asociaban al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero Gils Carbó renunció hace casi cinco meses y el material sigue en Brasil.

Luego plantearon que las leyes de ambos países son incompatibles. Pero si fuera cierto, el oficialismo tampoco impulsó una reforma legislativa ni encaró una negociación diplomática que destrabara el envío del material o dotara a jueces y fiscales de herramientas similares a las de sus colegas brasileños.

La oposición peronista tampoco quiere acceder a las evidencias. En la antesala de las elecciones presidenciales de 2019, a la oposición le resultaría muy efectivo que los documentos desde Brasil implicaran a miembros cercanos al gobierno de Macri. Se sabe, por ejemplo, que el constructor Ángelo Calcaterra, primo del presidente, fue señalado por Odebrecht. Pero la oposición también sabe que son muchos más los exfuncionarios kirchneristas comprometidos, entre ellos los exsecretarios de Transporte, Ricardo Jaime, y de Obras Públicas, José López –quien ganó celebridad cuando trató de esconder casi nueve millones de dólares en un convento— y Julio de Vido, exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Por su parte, los empresarios locales se espantan ante la mera idea de replicar en la Argentina la investigación que llevó a la cárcel a Marcelo Odebrecht y a otros referentes de los negocios en América Latina. ¿Qué interés tendrían los empresarios para abrir esa caja de Pandora que es Lava Jato? Por eso fueron los principales cabilderos que pidieron el cambio de la figura legal del “arrepentido” y el proyecto de responsabilidad penal empresarial. Las condiciones para ser “arrepentido” en la Argentina son muy distintas a las del “delator premiado” de Brasil y se incluyeron tantas vías de escape en la ley penal empresaria que será un desafío llegar a una condena.”

“Los señalados desde Brasil siguen en libertad y algunos de ellos pugnan por nuevos negocios con el gobierno. Aun así, la sociedad argentina, aunque indignada, no pasa a la acción, como sí ocurrió en Brasil desde las protestas de 2013, cuando millones de personas comenzaron a salir a las calles para reclamar transparencia en el gasto público y luchar contra la corrupción rampante. En la Argentina, en cambio, no pasaron de unos pocos miles en una movilización del mes pasado.

Quizás la mayoría de los argentinos ya se resignó a la impunidad o, igual que a los políticos y empresarios, nos preocupa más la inflación y una nueva crisis económica que el combate a la corrupción. Mientras que los políticos y empresarios no quieren cambiar un sistema que los beneficia, enriquece y mantiene impunes desde hace décadas, los argentinos se quejan sin involucrarse. Si no es la sociedad civil, ¿quién más puede exigir un alto a los índices abrumadores de corrupción?”

Hugo Alconada Mon: Solo unos pocos quieren combatir la corrupción en Argentina


La conexión directa entre las grandes manifestaciones de Junio de 2013 en Brasil y la realidad de la operación Lava-Jato!.

En Brasil, como en la Argentina, la corrupción atraviesa a todos los partidos, del Partido de los Trabajadores y su alianza con el PMDB (ahora MDB) de Michel Temer al PSDB en la oposición. Sólo la gente en la calle logró que se aprobara una ley de “Delación Premiada” que permitiera saber los mecanismos de la corrupción, Dilma Rousseff se arrepintió de haber aprobado las leyes que permitieron saber los mecanismos de la corrupción y su destitución fue, en gran medida, para intentar frenar la operación Lava-Jato, no por otra cosa.

Así que Junio de 2013 es, todavía, el año que no terminó!

Para analizar los años de los gobiernos Lula-Dilma

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Blairo Maggi (El Rey de la Soja) y Lula en Cuba


Para cuando se haga un análisis de los gobiernos Lula-Dilma


¿Por qué no existe una Lava-Jato en la Argentina si tienen todos los datos de la corrupción? También porque en la Argentina no hubo un Junio de 2013!


Un caso aparte es Aldo Rebelo ministro en 4 ministerios diferentes durante los gobiernos Lula-Dilma y redactor del nuevo Código Forestal que favoreció a los ruralistas

Y para mayor coherencia Aldo Rebelo era del Partido Comunista do Brasil

Los “logros” de la Confederación Nacional de la Agricultura y Pecuaria de Brasil

Anuncio de la Confederación Nacional de la Agricultura y Pecuaria de Brasil, algo así como la Sociedad Rural Argentina pero sin tanta aristocracia.
Logros desde los gobiernos del PT de Lula-Dilma al gobierno de Michel Temer


Si no lo puede ver en el blog,

visite la página donde está alojado el video


Dilma aprobó, con vetos, al código forestal:


Publicado el 28 de mayo de 2012, luego de ser aprobado, con vetos, el Código Forestal


Brasil: Tribunal Supremo ratifica debilitado Nuevo Código Forestal


Entre los logros se habla de la nueva ley laboral…Ministra del Tribunal Superior Laboral dice que la reforma laboral permite el trabajo esclavo…Otro logro